Revelan investigación vs Zaldívar por corrupción y extorsión
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El Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación habría iniciado una investigación formal contra el exministro y expresidente de la Corte, Arturo Zaldívar, así como otros funcionarios y exfuncionarios cercanos a él, por posibles actos de corrupción, extorsión, enriquecimiento ilícito y otras conductas ilícitas.
Por: Redacción 12 Abril 2024 09:46
La investigación, identificada como J/108/2024, también involucra a Netzaí Sandoval Ballesteros, exdirector general del Instituto de la Defensoría Pública Federal y actual jefe de la ponencia de la ministra Lenia Batres; Carlos Alpízar Salazar, exsecretario General de la presidencia de la Corte y considerado mano derecha de Zaldívar; y Edgar Manuel Bonilla del Ángel, extitular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles.
Además, se señala a la exprocuradora Arely Gómez, quien trabajó como contralora del Poder Judicial durante la gestión de Zaldívar, y que recientemente fue designada como auditora general de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación. También se mencionan complicidades con externos al Poder Judicial, como el exconsejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, y despachos de abogados cercanos a él.
El acuerdo oficial de apertura de la indagatoria, fechado el 9 de abril, fue instruido por la actual presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, tras recibir un escrito anónimo de denuncia. En dicho acuerdo, se ordena el inicio de la investigación y se otorgan amplias facultades a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas para recabar los medios probatorios necesarios.
Según la denuncia que dio lugar a la investigación, Zaldívar habría vulnerado la autonomía e independencia de operadores del sistema de justicia para satisfacer intereses personales o de terceros. Se menciona que presionó a titulares de órganos jurisdiccionales a través de Alpízar Salazar, ofreciendo beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo e incluso dinero, o mediante extorsiones y amenazas.
Los brazos operativos de Zaldívar, según la denuncia, fueron la excontralora Arely Gómez y el magistrado Jaime Santana Turral, encargado de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del CJF. Más de 50 jueces y magistrados supuestamente aceptaron resolver casos en los sentidos indicados por Zaldívar y su grupo, incluyendo asuntos penales, administrativos, mercantiles y civiles.
Se menciona también que Zaldívar habría colaborado con Julio Scherer para operar diversos casos, incluso presionando a las partes a trabajar directamente con despachos cercanos a Scherer.