Sheinbaum creará el órgano "Transparencia para el Pueblo"

La iniciativa, que busca fortalecer la transparencia y la seguridad de la información en México, fue enviada al Senado a través de la Secretaría de la Función Pública, encabezada por Raquel Buenrostro. 

La secretaria informó que los cambios legales buscan garantizar el derecho a la transparencia y a la protección de datos personales, especialmente luego de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El nuevo órgano "Transparencia para el Pueblo" asumirá las funciones relacionadas con la difusión de la información pública, subrayó Buenrostro, quien aseguró que el derecho al acceso a la información no se ve afectado, sino que, por el contrario, se amplía la obligación de informar a la ciudadanía. 

"El derecho a la información pública se mantiene intacto, pero cambia la autoridad encargada de garantizarlo", señaló.

Con la reforma, se establecerán 18 autoridades federales encargadas de la transparencia y la protección de datos, además de una estructura descentralizada en los estados y municipios. Esto permitirá una gestión más eficaz de la información pública y una mayor cercanía con los ciudadanos.

Una de las principales innovaciones es la regulación de la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual será preservada por ley para asegurar que la información pública no se vea alterada. Para garantizar la integridad de los datos, se implementará un validador criptográfico que permitirá realizar auditorías forenses y verificar que la información se mantenga intacta.

En cuanto a la protección de datos personales, la reforma establece que esta responsabilidad recaerá en la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, fortaleciendo la estructura encargada de salvaguardar la privacidad de los ciudadanos. Buenrostro recordó que desde hace tiempo, la Constitución permitía al Ejecutivo asumir la protección de los datos personales, y con esta reforma se llevará a cabo de manera más estructurada.

La reforma también implica una importante reducción de burocracia y gastos públicos. "El 80% del trabajo del INAI recaerá en la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, y podremos atenderlo con solo el 35% de la estructura que tenía el INAI", detalló la secretaria, lo que significará un ahorro del 65%.