Quebrados, 99% de operadores de agua
Casi la totalidad de los organismos operadores de agua, encargados del saneamiento de los municipios del país, se encuentran en quiebra financiera, aseguró el dirigente de la Comisión de Recursos Hidráulicos en la Cámara de Diputados.
Por: Redacción 11 Marzo 2024 06:25
El diputado Rubén Muñoz Álvarez, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua y Saneamiento de la Cámara de Diputados declaró lo anterior en entrevista con Milenio.
Apuntó que el 99% de los operadores en 2 mil 469 municipios viven esta situación debido a que carecen de adecuados sistemas de recaudación y falta de normas y tarifas claras aplicables a los grandes consumidores.
Esto se traduce para el erario federal en una pérdida mayor a 100 mil millones de pesos anuales.
Explicó que "a pesar de que el presupuesto de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alcanzó niveles históricos para obras de infraestructura, al pasar de 23 mil 727 millones en 2019 a 68 mil 485 millones de pesos en 2023 y 62 mil 674 millones a ejercer en este año, el problema de abasto eficiente de agua, además de la intensa sequía que está enfrentando el país, es multifactorial consecuencia de que en las últimas administraciones federales se fue generando una condición de rezago en cuanto a los requerimientos hídricos del país".
Son recaudados 17 mil 500 millones de pesos anuales (28% del presupuesto federal de Conagua) por la prestación del servicio.
Por ello remarcó que, de las 3 mil 961 plantas de tratamiento de aguas residuales presentes en el país, 2 mil 500 no operan eficientemente y 1,330 están apagadas o fuera de servicio.
Lo último refiere a que están desperdiciando grandes volúmenes que podrían ser utilizados en la agricultura e industria donde está más del 82% del consumo en el país.
Puntualizó que ya se trabaja en la Ley General de Aguas que, aclaró, no se trata de una privatización, sino que se establezcan tarifas equilibradas y la dotación de recursos que privilegie el derecho humano por encima de otros sectores como el industrial donde es necesario revisar las concesiones para que no sobrepasen los volúmenes establecidos y ponerles un sistema macro y micro de medición "porque, por distintas razones, no se mide y no se paga".