Posverdad

El Instituto Nacional Electoral (INE) ya tiene a los elegidos: 32,755 ciudadanas y ciudadanos fueron designados en la Segunda Insaculación para integrar las Mesas Directivas de Casilla en la jornada electoral del próximo 1 de junio, donde se renovarán los poderes judiciales federal y estatal.

Es la versión electoral del “sálvese quien pueda”: de una base de 67 mil personas previamente notificadas y capacitadas, el sistema aleatorio del INE —que este año eligió con base en el primer apellido que comienza con “J”— determinó quiénes llevarán la batuta como presidentes, secretarios, escrutadores y suplentes generales en cada casilla.

Detrás de la frialdad del proceso hay una maquinaria que se pone a prueba cada elección, pero esta vez con el añadido de que se elegirán magistraturas y jueces en el plano local. La judicialización de las urnas está en marcha.

Desde el 9 de abril, los seleccionados serán visitados por los capacitadores-asistentes electorales (los ya clásicos CAE), para recibir su nombramiento oficial y someterse a una segunda ronda de entrenamiento: simulacros de votación, llenado de actas, manejo de material electoral… una especie de bootcamp democrático.

Lo que está en juego no es menor: asegurar que el día D de la elección transcurra con legalidad, orden y legitimidad, incluso en un contexto donde el Poder Judicial del Estado se convirtió en terreno de batalla política, tras el fallo del Trife que movió las boletas y metió a nuevos jugadores a la contienda.

La apuesta del INE es que estas más de 32 mil personas sean el rostro de la legalidad ciudadana en las urnas. Que no fallen. Porque si la democracia se cae en una casilla, se cae en todas.

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Contra todo pronóstico —y contra todo arancel— la industria automotriz mexicana pisó el acelerador en marzo, con un crecimiento de 12.1% en la producción de vehículos ligeros. Son 338 mil 669 unidades que salieron de las líneas de ensamble mexicanas mientras Donald Trump, desde su trinchera electoral, imponía un arancel del 25% a los autos importados hacia Estados Unidos.

Pese al golpe de efecto desde Washington, el sector no solo resistió, sino que se expandió. Como si las armadoras supieran que la manufactura en México es ya un engranaje demasiado profundo en la cadena norteamericana como para desmantelarse con un decreto.

Ford, con un crecimiento brutal del 46%, es el mejor ejemplo. Aun siendo blanco directo del arancel, ajustó su producción sin pisar el freno. También GM y Stellantis respondieron con aumentos de doble dígito, mientras Toyota sorprendió al disparar su volumen 68.9% gracias a sus plantas en Guanajuato y Baja California.

¿Quién pierde? Audi y Volkswagen, ambas con recortes fuertes del 30.8% y 27.6%, respectivamente. ¿Quién gana? Todo México, porque el mensaje es claro: el nearshoring está blindando al país. Y si bien Trump quiere repatriar plantas, el ecosistema industrial mexicano es más ágil, más barato y más cerca que cualquier otro. Esa es la realidad que las armadoras —y los mercados— no pueden ignorar.

Lo sabe también Claudia Sheinbaum, que desde el Plan México y su política industrial ha comenzado a blindar los polos manufactureros del país, sobre todo en el norte, donde Juárez, Saltillo y el corredor Bajío se convierten en territorio clave para abastecer al gigante estadounidense que, contradictoriamente, quiere depender menos de México pero no puede dejar de hacerlo.

¿Prueba de ello? Aunque las exportaciones totales crecieron solo 3.83% en marzo, 83% de los vehículos mexicanos siguen teniendo como destino final a Estados Unidos. La dependencia es mutua, aunque unos lo digan en voz baja.

El primer trimestre cerró con casi un millón de vehículos producidos en México y un crecimiento acumulado del 4.8%, a pesar de las tensiones arancelarias. Lo que parecía un obstáculo, está resultando ser un filtro de resistencia: los que se quedan, invierten más. Los que dudan, se frenan. Y los que entienden, aceleran.

Así que sí: hay aranceles en el retrovisor, pero México ya va tomando la delantera en esta carrera.