Posverdad

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar no se guardó nada y puso en práctica uno de los dichos más famosos de la 4T... “mi corazón no es bodega” y salió con todo en defensa del regidor Pedro Matus frente la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS).

Cruz confrontó directamente al director ejecutivo de la JMAS, Sergio Nevárez, calificando su actuar como "porril" y señalando que esta acción no es más que una estrategia para desviar la atención del polémico aumento en la tarifa del agua.

“Le damos todo nuestro apoyo a Pedro Matus; es víctima de una persecución por señalar los abusos, ineficiencia y la actitud porril de Nevárez”, declaró Pérez Cuéllar, quien no perdió la oportunidad de reforzar su narrativa contra el incremento tarifario. 

Según el alcalde, el ajuste representa un alza total del 19.5%, un golpe que, asegura, la JMAS busca camuflar con escándalos como este.

El choque entre el municipio y la JMAS deja entrever algo más profundo que un simple corte de agua. La disputa revela un juego político que va escalando en intensidad.

Con este respaldo a Matus, Pérez Cuéllar parece enviar un mensaje claro: no permitirá que sus aliados sean utilizados como chivos expiatorios. 

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El avispero político en Ciudad Juárez vuelve a agitarse con el anuncio de la próxima visita de la gobernadora Maru Campos este jueves. 

Desde que ella misma prometió cambios estructurales en su gabinete fronterizo a mediados de año, los rumores han corrido como pólvora, y esta visita no ha hecho más que reavivar el fuego.

En los círculos políticos y chats de WhatsApp, los nombres de siempre han regresado al debate. Óscar Ibáñez, representante de la gobernadora en la frontera, se mantiene en el centro de las especulaciones. 

Se habla de que Austria Galindo, exregidora con experiencia en la administración local, podría ocupar su lugar. 

Otro nombre que resuena es el de Sergio Nevárez, cuya salida de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) se rumora desde hace meses.

El dilema para Maru Campos parece ser si concretará los cambios ahora, avivando la tensión en plena temporada decembrina, o si esperará a tiempos más calmados.

Los próximos días serán clave para saber si estos movimientos son más que rumores y si Campos está dispuesta a cerrar el año con una reconfiguración política que podría marcar su rumbo en 2024.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha encendido un nuevo debate al declarar inconstitucional la pena de cadena perpetua prevista en el Código Penal de Chihuahua para homicidios dolosos de tres o más personas. 

El mensaje es claro: la justicia mexicana no puede renunciar al principio de reinserción social, incluso en los crímenes más atroces.

El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena llevó el estandarte de esta decisión, argumentando que la prisión perpetua no solo extingue la libertad del sentenciado, sino que aniquila toda expectativa de reinserción social, algo que la Constitución prohíbe expresamente. 

Loretta Ortiz, también ministra, reforzó la idea al señalar que una pena sin posibilidad de revisión degrada a la persona y contraviene los principios básicos de dignidad humana establecidos en el artículo 22 constitucional.

Esta resolución viene de un caso emblemático en Chihuahua, donde un hombre condenado a cadena perpetua por el homicidio de cuatro personas obtuvo un amparo que llevó a la Corte a reflexionar sobre la viabilidad de estas penas en el marco del sistema jurídico mexicano. 

Con una unanimidad rara en temas controvertidos, los ministros dejaron claro que las penas eternas no tienen cabida en un sistema que aspira a ser garantista.

Para Chihuahua, cuna de esta legislación, la decisión de la Corte golpea de lleno una narrativa que privilegia la justicia punitiva sobre la reinserción. 

El reto ahora será encontrar el equilibrio entre castigo y humanidad en un estado que ha lidiado con niveles alarmantes de violencia. ¿Es este un avance en derechos humanos o una concesión peligrosa en tiempos de impunidad? 

La respuesta, como siempre, está en el ojo del observador.