Posverdad

El registro de 1,100 proyectos en el Presupuesto Participativo promete un impacto significativo en el presupuesto 2025 de Ciudad Juárez. 

Cruz Pérez Cuéllar, quien destinó más de 700 millones de pesos a este esquema para 2024, se perfila como uno de los principales impulsores de esta política, pero también enfrenta un desafío.

El alcalde ha dejado entrever que partidas como los 200 millones para domos escolares y el fondo del REPUVE podrían sumarse al Presupuesto Participativo, aunque ello implicaría reacomodos en el presupuesto de egresos, un tema que aún está en manos de la tesorera. Sin embargo, el optimismo debe tomarse con cautela. Los retrasos en la ejecución de obras de años anteriores son un talón de Aquiles que necesitan atender si quiere que el programa se traduzca en votos. 

El Presupuesto Participativo es, sin duda, una jugada política clave para el alcalde, si logra entregarle más recursos al programa y ponerse al día con las obras pendientes sin duda tendrá un fuerte cimiento para el 2027. 

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El desorden en el PAN quedó al descubierto con la reforma que amplía la prisión preventiva oficiosa a extorsionadores, factureros y traficantes de fentanilo. 

Mientras los gobernadores panistas, incluida Maru Campos, respaldaron la medida desde la GOAN, los legisladores del partido mostraron fracturas evidentes, dejando en claro que la coordinación interna no es su fuerte.

En el Senado, figuras como Mario Vázquez sorprendieron al votar a favor, alineándose con los gobernadores que enfrentan la presión de combatir la inseguridad y el crimen organizado en sus estados. 

Sin embargo, la mayoría de los senadores panistas, que no gobiernan, optaron por el tradicional rechazo a las iniciativas de Morena, incluso en temas de alta sensibilidad como este.

La falta de comunicación dentro del partido es evidente. Ni un Zoom, ni un grupo de WhatsApp evitaron que el PAN apareciera ante el país como un partido dividido, donde los intereses de los estados y las estrategias de oposición chocan frontalmente.

La realidad es que, para los gobiernos panistas, endurecer las medidas contra el crimen no es solo política, es supervivencia.