Posverdad

Un exhorto sobre la llegada de calentones a las escuelas fue suficiente para que los regidores Héctor Hugo Avitia, Jorge Marcial Bueno y Karla Escalante aprovecharan el Cabildo como su propio diván político. 

Con el comentario de Alejandro Alberto Jiménez como detonante, los tres regidores desahogaron su frustración hacia la Secretaría de Educación y Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH).

Aplicando el lema de la 4T, "mi pecho no es bodega", no se guardaron nada. Desde la lentitud de SEECH para resolver necesidades básicas en las escuelas hasta los posibles moches ligados al programa federal "La Escuela es Nuestra", todo quedó expuesto. Especialmente Escalante, quien insinuó que detrás de este programa federal hay cuotas que SEECH solicita, lo que encendió más la discusión.

Al final, el secretario de Educación, Francisco Hugo Gutiérrez, y la directora de SEECH, Teresa de Jesús López, seguro terminaron con dolor de oídos.

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El aumento en las tarifas del agua, también encendió los ánimos en el Cabildo, revelando a tres regidores que no están dispuestos a quedarse callados: Hugo Avitia, Pedro Matus y Antonio Domínguez.

Los tres mosqueteros han tomado la bandera contra el incremento, dispuestos a dar batalla.

La sesión se calentó aún más cuando Pedro Matus, abogado de la Universidad Cultural, se enfrentó en un duelo jurídico con Alejandro Alberto Jiménez, de la UACJ. El intercambio legal mostró las diferencias de enfoque, con ambos defendiendo sus posturas en un debate que se convirtió en un cara a cara técnico.

Antonio Domínguez, por su parte, fue más allá y lanzó un duro posicionamiento contra Sergio Nevárez, director ejecutivo de la JMAS, señalando que pedirá su destitución por el aumento preaprobado. 

Domínguez dejó claro que la pelea no terminará en el Cabildo y que este será un tema candente durante lo que resta de 2024 y todo el 2025.

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Santiago de la Peña, Secretario General de Gobierno, lanzó un contundente mensaje desde el Congreso de Chihuahua, apuntando directamente contra la Unión Nacional de Transportistas de Ciudad Juárez (Untrac).

Durante su comparecencia ante la Comisión de Movilidad, dejó claro que la ruta 18, operada por esta organización, es el mayor problema en el transporte público de la frontera.

Calificó la ruta como "pirata", denunciando que opera sin permisos legales y que los camiones, traídos de Estados Unidos, no cumplen con regulaciones vehiculares básicas, careciendo incluso de placas. 

Para de la Peña, esta situación no solo afecta la calidad del servicio, sino que pone en riesgo la seguridad de los usuarios. 

El secretario no titubeó en señalar que esta práctica contribuye al caos en la movilidad urbana, lanzando así un tiro directo a los transportistas juarenses, a quienes responsabiliza del desastre. 

Este enfrentamiento promete escalar en los próximos meses, pues el siguiente paso será poner orden.