Posverdad

Francisco Garduño seguirá en libertad. Así lo ratificó el Tribunal Colegiado de Circuito en Ciudad Juárez, que avaló la suspensión del proceso penal en su contra por el incendio que, en marzo de 2023, mató a 40 migrantes bajo custodia del Instituto Nacional de Migración . Cuarenta vidas truncadas, decenas de familias rotas y un responsable que, por ahora, sigue en su cargo y fuera del banquillo.

El mensaje no puede ser más brutal: en México, el poder protege a los suyos.

Porque aunque el tribunal actuó dentro del marco legal, como lo permite la figura de la suspensión condicional del proceso, la decisión huele —y mucho— a justicia selectiva. Las organizaciones de derechos humanos lo han dicho con claridad: la reparación del daño vino de otro proceso, no de este; las víctimas no fueron consultadas, como mandata la ley, y el acusado no ha sido separado de su cargo.

El mismo Garduño que hoy continúa al frente del INM fue señalado por omisiones graves en el resguardo de personas extranjeras. Un incendio dentro de una estación migratoria no es un accidente. Es un crimen que expone el rostro más cruel de un sistema que ve a los migrantes como problema, no como personas. Y el hecho de que nadie en el nivel más alto haya pisado prisión por lo ocurrido deja claro que la cadena de responsabilidades se rompe siempre por el eslabón más débil.

Este caso es especialmente indignante para Ciudad Juárez, una ciudad que ha sido escenario de políticas migratorias fallidas, de negligencias institucionales y de tragedias como esta. Aquí, donde se dictó la resolución, la justicia pareció mirar hacia otro lado.

Los abogados de las víctimas argumentan con razón: si hay una investigación en curso, si hay responsabilidad penal aún por determinar, ¿cómo es posible que el titular del INM siga operando como si nada hubiera pasado? ¿En qué país democrático un funcionario acusado de estar implicado en la muerte de 40 personas continúa ejerciendo su cargo sin una suspensión siquiera temporal?.

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El anuncio del nuevo CBTIS en Ciudad Juárez, hecho por el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, no solo habla de infraestructura educativa. Habla, sobre todo, de política. Y en tiempos donde cada movimiento se mide en clave electoral, la donación exprés de un terreno para una preparatoria federal deja ver más que voluntad: revela una alianza.

Porque si bien el alcalde lo dice con ligereza –"nos tenía muy presionado el tema del CBTIS"–, lo que subyace en el fondo es una coordinación estratégica con la Secretaría de Educación del gobierno federal, que no se da por casualidad ni por mera preocupación por los jóvenes. En realidad, se está apuntalando una colaboración que conviene a ambas partes: a la federación, que necesita mostrar capacidad de respuesta; y al municipio, que busca presencia y respaldo político en el tablero nacional.

El CBTIS, entonces, no solo responde a la demanda social, sino también al juego de fichas entre Morena local, la SEP y el propio proyecto nacional de la 4T.