Santiago de la Peña, Secretario General de Gobierno ha sacado boleto para sumarse al vagón de las causas estudiantiles, con el anuncio de mejoras al transporte público para los alumnos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). 

El mensaje es claro: el Gobierno del Estado quiere ser visto como un aliado de los jóvenes, especialmente cuando estos representan no solo el presente académico, sino también una porción clave del electorado joven.

El plan, coordinado con los concesionarios de la ruta Oriente-Poniente, contempla extender el servicio hasta las 21:50 horas, coincidiendo con la salida de la última clase del día. Para muchos estudiantes que viven lejos del campus o que trabajan y estudian al mismo tiempo, esto puede significar la diferencia entre continuar o abandonar sus estudios.

Pero más allá del beneficio operativo, el anuncio lleva carga simbólica: es un guiño político, en plena recta final del sexenio y en medio de un año electoral. Se trata de mostrar un gobierno sensible, dispuesto a responder con soluciones concretas a demandas históricamente ignoradas o postergadas.

Desde la Dirección de Transporte Zona Norte se informó que esta decisión será respaldada por un estudio técnico de campo —ni más ni menos que lo que siempre debió hacerse antes de diseñar rutas o asignar unidades. Sin embargo, el hecho de que se anuncie primero y se estudie después sugiere que la prioridad no fue solo técnica, sino también política: actuar rápido, aunque sea con el lápiz en el aire.

Aquí la pregunta que viene a la mente... ¿Es una solución definitiva? No. ¿Es una señal política? Sin duda. Y en tiempos donde cada acción pública puede leerse como un ensayo de campaña, los estudiantes de la UACJ se convierten, una vez más, en interlocutores clave para una administración que busca cerrar bien su ciclo… o abrir camino al siguiente.

****

Donald Trump volvió a las amenazas. No bastó con el muro, ni con los aranceles al acero y al aluminio, ni con la presión migratoria: ahora, el presidente ha convertido el agua en su nuevo caballo de batalla. 

En una publicación reciente en su red Truth, acusó a México de “robar” agua a los agricultores de Texas y amagó con imponer aranceles si no se cumple el Tratado de Aguas de 1944. El problema no es menor. Pero el verdadero drama no está en Washington ni en la Ciudad de México. Está en Chihuahua.

Porque cada vez que se activa este tratado —firmado hace más de 80 años, en otro mundo y otro clima—, el costo lo paga el norte de México, y particularmente la cuenca del río Conchos, donde productores agrícolas, ganaderos y comunidades enteras quedan en la cuerda floja ante el vaciado de las presas que garantizan la vida productiva del estado.

¿Quién le explica a Trump que México sí paga, pero que Chihuahua lo sufre? Cada ciclo de entrega de agua al río Bravo implica decisiones difíciles en el sistema de presas: La Boquilla, Las Vírgenes, El Granero... nombres que no aparecen en los discursos de campaña de ningún político estadounidense, pero que para las familias chihuahuenses significan cosechas, empleo y supervivencia.

La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó con mesura. Informó que se envió una propuesta de solución al Departamento de Estado, reconoció la severa sequía de los últimos tres años y aseguró que México ha buscado cumplir con el tratado dentro de sus posibilidades hídricas reales. Instruyó a las secretarías correspondientes a establecer contacto con sus pares en Estados Unidos, en un intento de desactivar la bomba política y proteger los canales diplomáticos.