Demandó empresario chihuahuense a Diconsa por $980 millones

Las empresas Punto Integradora Estratégica SA. de CV., Geve de Chihuahua SA. de CV. y Surtidora de artículos para su negocio El Huizache SA. de CV., de Miguel González Lardizábal y Óscar Pérez Alarcón, buscan el el resarcimiento económico tras el fallido proyecto de instalar purificadoras de agua.

El objetivo de este proyecto era proporcionar agua potable a comunidades de bajos recursos en todo el país. Sin embargo, la mayoría de las purificadoras nunca se instalaron. Se estima que fueron instaladas unas once en Hidalgo, Guanajuato, Puebla y el Estado de México, pero solamente funcionaron apenas un año.

La producción fue suspendida después de que Segalmex cambió de Administración en medio de acusaciones de corrupción. La nueva gestión paralizó el proyecto, lo que llevó a los empresarios a reclamar a Diconsa por el incumplimiento del contrato y la pérdida de sus inversiones.

El proyecto

El proyecto fue anunciado en junio de 2020 por Ignacio Ovalle Fernández, quien entonces dirigía Segalmex y tenía un estrecho vínculo político con el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

La iniciativa contemplaba la instalación de 274 purificadoras en la red de almacenes de alimentos. Los inversionistas, que creían que el negocio sería altamente rentable, acordaron con la paraestatal su participación en el proyecto.

Sin embargo, los inversionistas no lograron recuperar su inversión y la dependencia perdió fondos públicos destinados a hacer funcionar las plantas. 

El acuerdo

Según explicaron Miguel González y Óscar Pérez Alarcón en la demanda, el también empresario Fernando Zurita fue el intermediario entre el organismo público y las empresas para el acuerdo de las purificadoras.

Explicaron que “se ostentó como operador del Sr. Ignacio Ovalle Fernández”, quien había solicitado, como director de Segalmex, “invitar a inversionistas” para la ejecución de un proyecto de purificación y envasado de agua potable.

El acuerdo era para la mitad de las purificadoras previstas, es decir, unas 134. Solo se instalaron 11 plantas en los estados de Hidalgo, Guanajuato, Puebla y Estado de México. 

Gainmate Comedores Industriales

Los demandantes explicaron que el contrato fue firmado con Gainmate Comedores Industriales, una sociedad vinculada con Zurita.

Dicha empresa fue fundada en 2008 y modificó su objeto social a principios de 2021 para incluir negocios relacionados con el agua. 

En ese cambio, Eduardo Murillo Landeros, también detenido por el caso de Segalmex y uno de los firmantes del contrato, fue nombrado apoderado de la empresa.

¿Qué reclaman?

Las empresas demandantes piden la devolución de su inversión y lo que podrían haber ganado por el proyecto.

Reclaman 42 millones de pesos por las 11 plantas que lograron abrir, 75.3 millones por los daños y perjuicios derivados de la suspensión de la producción en mayo de 2021 y 863 millones por las pérdidas potenciales de las 126 plantas restantes. 

La demanda alega que Diconsa nunca notificó la terminación del contrato, lo que se considera un incumplimiento.

Entre las pruebas presentadas están transferencias bancarias por aproximadamente 18 millones de pesos desde la cuenta de Punto Integradora Estratégica S.A.