Compraron lentes a sobreprecio con Fondo de Víctimas; los inhabilitan

 La sanción, que incluye inhabilitación por un año para ocupar cargos públicos, responde a irregularidades detectadas en el manejo de recursos destinados a apoyar a familiares de policías caídos en el cumplimiento de su deber.

Irregularidades en el manejo de recursos

Durante la revisión del ejercicio financiero de 2018, la ASE determinó que un monto de 3 millones 193 mil 479 pesos del fideicomiso fue utilizado de manera indebida en contratos para exámenes de agudeza visual y compra de lentes. Aunque el programa estaba orientado a beneficiar a hijos e hijas de víctimas del crimen organizado, se detectaron irregularidades graves en la adjudicación de los contratos y en el costo de los servicios.

La auditoría reveló que los contratos fueron divididos en tres partes para eludir la obligación legal de realizar una licitación pública, estipulada en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua. Esto permitió adjudicaciones directas a Ricardo Humberto Márquez Jasso, GRUPO RULAND, S.A. DE C.V. y BARI NEGOCIOS, S. DE R.L. DE C.V., por montos de 1 millón 073 mil pesos, 1 millón 057 mil 919 pesos y 1 millón 062 mil 560 pesos, respectivamente.

Sobreprecio y falta de especialización

Aunque los proveedores estaban inscritos en el padrón estatal, ninguno tenía experiencia en optometría, lo que derivó en una contratación irregular. Además, se detectó un sobreprecio significativo, ya que los lentes adquiridos tuvieron un costo promedio de 6 mil pesos por unidad, según cálculos de la ASE.

Responsabilidades y sanciones

Los funcionarios inhabilitados, identificados como H.E.C.P. y B.R.P., participaron directamente en el dictamen que permitió evitar la licitación pública. H.E.C.P. desempeñaba el cargo de jefe del Departamento de Servicios y Adquisiciones de la Fiscalía General del Estado, mientras que B.R.P. era asesor técnico de la Dirección de Administración y Enajenamiento de Bienes y Fideicomisos. Ambos también formaban parte del Comité Calificador de Propuestas del FANVI.

El caso fue resuelto por la Cuarta Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del TEJA, a cargo del magistrado Luis Eduardo Naranjo Espinoza, quien determinó que los involucrados incurrieron en abuso de funciones. La sanción impide a los exfuncionarios desempeñar cargos públicos o participar en procesos de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por un año.