Caen 6 por traficar y revender rifles Barrett a cárteles de México

En mayo de 2023, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) inició una investigación sobre una organización de tráfico de armas que operaba en el Distrito Medio de Florida.

Según documentos de acusación presentados en la corte, el grupo estaba compuesto por al menos seis personas y era liderado por Ángel Velázquez Delgado. Se les atribuye la compra de armas de fuego de alto calibre en Estados Unidos para abastecer a cárteles mexicanos de la droga, que se dedican al tráfico de sustancias controladas en el país.

Los acusados (Ángel Velázquez, Jesús Hernández, Edgar Jiménez, Jesús Paulino, Jonathan Borja y Jesús Andrés), adquirieron las armas a petición de los cárteles, transportándolas poco después de la compra.

Ninguno de ellos contaba con licencia para vender armas, y los pagos se realizaron en efectivo, con narcóticos ilegales o con ganancias de ventas ilícitas. Todas las transacciones se llevaron a cabo en Florida o Georgia antes de que las armas fueran enviadas a México.

Las autoridades mexicanas, utilizando el Programa de Notificación de Recuperación de Armas de Fuego de Etrace, confirmaron que al menos una de las armas había sido utilizada en un tiroteo en Michoacán el 22 de marzo de 2023.

Durante el enfrentamiento entre la Policía del Estado de México y presuntos miembros del cártel, dos personas perdieron la vida, y se recuperó un fusil Barrett de calibre .50, comprado por Jesús Hernández el 8 de noviembre de 2022.

Con el fin de evadir la acción de las fuerzas del orden, la organización comenzó a retirar los números de serie de las armas. Las acusaciones formales contra los involucrados se basan en las nuevas disposiciones penales de la Ley de Comunidades Más Seguras de Bipartidista, promulgada en junio de 2022, la cual busca combatir el tráfico ilícito y la compra de armas de fuego.

La investigación fue llevada a cabo por varias agencias, incluidas la ATF, la Patrulla de Aduanas y Fronteras, la Oficina de Investigaciones de Volusia y el Departamento de Policía de Deland.

Los fiscales adjuntos de EE. UU., Rachel Lyons y Noah Dorman, están a cargo del caso. Entre las armas traficadas por la organización se encontraban fusiles de alto calibre y armamento antimaterial, como aproximadamente 11 fusiles Barrett calibre .50, capaces de penetrar vehículos y blindajes. También se traficaban alrededor de 16 fusiles FN M249S, que se comercializan en EE. UU. como armas semiautomáticas pero que pueden modificarse fácilmente para funcionar como ametralladoras.