¿Quién es Manuel Jurado, el juez detenido por Anticorrupción?

La detención del juez Manuel Jurado Torres este jueves volvió a colocar bajo los reflectores al joven juzgador de Hidalgo del Parral, cuya carrera dentro del Poder Judicial quedó marcada por la polémica generada tras su intervención en el caso de la maestra Edna Marilin Chávez Loya.

Jurado Torres llegó al cargo de juez penal de Primera Instancia del Distrito Judicial Hidalgo después de participar en la elección judicial de 2025.

De acuerdo con el currículum que presentó durante el proceso de selección de candidatos, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua y antes de llegar al área penal desarrolló prácticamente toda su carrera dentro del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

Ingresó en agosto de 2019 como escribiente de la Ponencia Tres; posteriormente fue oficial jurisdiccional de la Ponencia Uno, entre marzo de 2020 y marzo de 2024, y después quedó adscrito a la Secretaría General del mismo Tribunal.

En su currículum destacó experiencia en elaboración de resoluciones de juicios contenciosos administrativos y procedimientos de responsabilidades administrativas, defensa de actos ante el Poder Judicial de la Federación, reformas legales e incluso participación en trabajos relacionados con controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Durante la campaña judicial buscó proyectar un perfil relacionado con la protección de derechos humanos y el respeto a las garantías de las personas sometidas a procesos penales.

Sin embargo, pocos meses después de asumir funciones quedó en medio de una de las mayores controversias judiciales registradas recientemente en Parral.

El caso ocurrió tras la muerte de la maestra Edna Marilin Chávez Loya, quien perdió la vida el 2 de febrero de 2026 luego de ser atropellada presuntamente por su pareja sentimental.

La Fiscalía Especializada de la Mujer presentó el caso bajo la hipótesis de feminicidio y señaló como probable responsable a Juan de Dios V. M.

Durante las primeras actuaciones, Jurado declaró legal la detención del imputado. Posteriormente, al resolver su situación jurídica, determinó reclasificar la acusación planteada por la Fiscalía y vinculó al hombre a proceso por homicidio imprudencial y no por feminicidio.

La resolución provocó inconformidad entre familiares de Edna, colectivos y autoridades, mientras que la Fiscalía General del Estado sostuvo que existían elementos para mantener la investigación como feminicidio.

A la controversia jurídica se sumaron señalamientos sobre una presunta cercanía entre Jurado y Juan Carlos Payán, abogado defensor del imputado.

Familiares de la víctima argumentaron ante el Tribunal de Disciplina Judicial que existía un posible conflicto de interés. Dichos señalamientos forman parte de las acusaciones formuladas contra el juzgador y no implican, por sí mismos, que se haya acreditado alguna conducta ilícita.

El asunto llevó al Tribunal de Disciplina Judicial a imponer el 6 de marzo una suspensión cautelar inmediata contra Manuel Jurado mientras se investigaba su actuación.

Francisco Acosta Molina, presidente de dicho Tribunal, explicó entonces que se trataba de una medida cautelar adoptada por una Sala de Sustanciación y no de una resolución definitiva sobre la responsabilidad del juez. La medida fue señalada además como la primera suspensión de este tipo determinada por el recién creado Tribunal de Disciplina Judicial.

El caso Edna no fue el único que generó cuestionamientos sobre decisiones tomadas por Jurado.

En febrero trascendió otro expediente correspondiente a Julio César M. V., quien había sido vinculado a proceso por delitos relacionados con una agresión sexual y violencia contra una mujer.

De acuerdo con información publicada, una juzgadora había impuesto originalmente prisión preventiva al acusado en octubre de 2025 y posteriormente Manuel Jurado intervino en una audiencia relacionada con la medida cautelar, después de la cual el imputado continuó el procedimiento en libertad.

Este antecedente cobró relevancia pública después del caso Edna debido a los cuestionamientos surgidos alrededor de las decisiones del juzgador.

La polémica escaló todavía más el 11 de marzo, cuando la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua confirmó que recibió una denuncia contra Jurado por su actuación dentro del expediente de Edna Marilin.

El fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela Holguín, informó entonces que la querella contenía señalamientos específicos respecto de la resolución mediante la cual fue modificada la clasificación jurídica del delito y anunció que el expediente sería investigado.

En mayo, el propio Jurado manifestó públicamente que la investigación continuaba y sostuvo que defendería su actuación jurídica en caso de que el procedimiento avanzara.

Su trayectoria también registra un antecedente electoral. Después de la elección judicial de 2025 fue sancionado durante el proceso de fiscalización de campaña; documentación oficial registra una multa de mil 131 pesos con 40 centavos, determinación que fue impugnada y posteriormente confirmada.

Así, en aproximadamente un año, Manuel Jurado pasó de participar en la inédita elección popular de integrantes del Poder Judicial, asumir como juez penal y presentarse públicamente bajo un discurso de derechos humanos, a enfrentar cuestionamientos por sus resoluciones, una suspensión del Tribunal de Disciplina, una investigación de la Fiscalía Anticorrupción y ahora su detención.