Aprueban más de 10 años de prisión a servidores por tala ilegal

Sin embargo, en la ley anterior se habla de hasta 12 años de prisión como pena máxima, pero no contemplaba a los servidores, con esta reforma se suman 10 años al Código Penal.

La iniciativa la presentaron los diputados Gustavo Martínez Aguirre y Rosemberg Loera Chaparro, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con la finalidad de reformar los artículos 359 y 360 del Código Penal del Estado, a efecto de tipificar la conducta de servidores públicos que falten a su responsabilidad en materia forestal; y con carácter de Punto de Acuerdo, con el propósito de exhortar a la PROFEPA, a la SEMARNAT, y a la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, para que se intensificaran sus acciones con el fin de prevenir, detener y erradicar la tala y la comercialización ilegal de recursos maderables que afecta los ejidos y comunidades con vocación forestal de la sierra chihuahuense.

Chihuahua se encuentra entre los 10 principales productores de madera en el país, situándose solo por detrás del estado de Durango y que esta producción ha ido a la baja con independencia del deterioro del bosque.

Con esta reforma se aumenta la pena hasta en 10 años de prisión y tres mil veces el salario mínimo en los delitos que comúnmente se conocen como tala ilegal y tráfico o acopio de recursos forestales maderables, cuando en su autoría o participación, lo realicen servidores públicos que dentro de sus funciones este las de proteger el medio ambiente o las de prevenir, investigar o sancionar al o los responsables de estos delitos.

Por otra parte el diputado Rosemberg Loera llamó a las autoridades para que se destinen a la brevedad los recursos necesarios para que en materia de inspección y vigilancia de las actividades forestales, se intensifiquen sus acciones para coordinarse con la finalidad de prevenir, detener y erradicar la tala y la comercialización ilegal de recursos maderables que afecta los ejidos y comunidades con vocación forestal de la sierra chihuahuense, finalizó el diputado Rosemberg Loera Chaparro.

De acuerdo a datos de Greenpeace, se estima que en los últimos cinco años, el 70% de la madera comercializada en todo el país proviene de la tala ilegal, actividad que se ha convertido en el cuarto negocio ilegal.

Por plantear solamente un dato de años recientes, se estima que en la región sur del estado podrían comercializarse, de manera ilegal, cerca de 2 millones de pies en madera en rollo anualmente por lo que, sólo ahí, la tala ilegal deja al mercado negro alrededor de 12 millones de pesos; y si se mantiene esta proporción en relación al número de hectáreas afectadas en todo el estado, la ganancia de la comercialización ilegal podría dejar 100 millones de pesos anuales, destruir gradualmente la naturaleza, y arrebatar a los propietarios originales su riqueza sin beneficio para ellos, e incluso sometiéndolos a escenarios de temor por quienes realizan esa actividad.